Hace pocos días se votó en la Legislatura porteña un proyecto sostenido por el PRO y el Frente para la Victoria que traspasaba a la Nación, por 30 años, los predios en donde habían funcionado los Centros Clandestinos de Detención durante la dictadura militar. Simultáneamente también se votó la disolución del Instituto Espacio para la Memoria (IEM), creado en la ciudad mediante la ley 961 del año 2002 durante mi gestión como Jefe de Gobierno de la ciudad.
Esa
decisión política produjo grandes discusiones y así como fue defendida y sostenida
por organismos de derechos humanos también fue cuestionada y criticada por
otros organismos, en general, los más alejados políticamente del gobierno
nacional.
Es
cierto que el gobierno de Macri poco ha hecho con respecto a los sitios de
memoria. Nunca le interesó al gobierno del PRO desarrollar políticas públicas vinculadas con la memoria y las consecuencias
del terrorismo de Estado. Esto se manifestó en cuestiones presupuestarias,
administrativas y políticas.
Como
contrapartida ningún gobierno hizo en materia de Derechos Humanos lo que
realizó el kirchnerismo. Para Macri sostener y promover lo que sucedió dentro
de nuestra propia ciudad durante la dictadura militar era un costo y una carga.
No le interesa que las generaciones presentes y las futuras conozcan y
reflexionen sobre lo ocurrido, sobre los desaparecidos, sobre las torturas,
sobre los lugares clandestinos de detención.
El
gobierno nacional tiene exactamente la mirada opuesta. Pretendía tener jurisdicción
sobre la ESMA para profundizar políticas de memoria. Entonces el gobierno de
Macri exigió que se traspasara al gobierno nacional la ESMA junto con todos los ex centros clandestinos de detención. Y así se llegó al acuerdo que también
implicaba la disolución del IEM, una experiencia inédita y trascendente de
administración de espacios de memoria con los organismos de derechos humanos
como centro de las decisiones que se había creado durante mi gobierno en la
ciudad.
Ninguna
política de derechos humanos puede medirse mirando la coyuntura de un año y
medio por delante. Pero más allá de eso, la ciudad debe tener sus propias
políticas de memoria y en este caso, esas políticas relacionadas con la
dictadura y la resistencia tienen directa relación con los ex centros clandestinos
de detención que la ciudad incluso había promovido desde antes del año 2003.
Es
más, el propio Néstor Kirchner había hecho exactamente lo contrario de lo que se
hizo ahora. En el año 2004, más precisamente el 24 de marzo, había firmado la
devolución del predio de la ESMA a la ciudad para convertirla en un espacio
para la memoria en aquella histórica jornada que convocó a miles de argentinos
frente al lugar más emblemático de las violaciones a los derechos humanos
durante la dictadura y en la que tuve el privilegio político y personal de
participar como Jefe de Gobierno.
La
disolución del IEM agregó una confrontación con algunos organismos de derechos
humanos que vieron en esa decisión un intento de separarlos de la administración
y del manejo de los espacios de memoria que tenían desde el año 2002 a partir
de la ley que impulsamos ese año.
Un
tema central, fundamental para una sociedad y para su futuro no debía decidirse
de esta manera. Por eso no acompañé ni la transferencia de los predios ni la
disolución del IEM, más allá de sostener con orgullo las políticas en materia
de Derechos Humanos que llevó adelante el gobierno nacional desde el año 2003 a
la fecha.
Publicado en la revista
Número 2. Junio 2014
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