Fernando Muñoz presentó un proyecto para crear una Comisión Investigadora del incendio en Iron Mountain
El Legislador porteño del Frente
Progresista Popular presentó un proyecto de resolución para crear en el ámbito
del Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires una Comisión Investigadora
de los hechos relativos al incendio del 5 de febrero de 2014, en las
instalaciones de la empresa Iron Mountain. La iniciativa cuenta con la adhesión
de la Diputada María Rachid y los Diputados Aníbal Ibarra, Edgardo Form y Jorge
Taiana.
El proyecto establece que la comisión
estará integrada por 17 diputados (uno por cada bloque de la Legislatura) y un
integrante que corresponderá a la Junta de Ética, asimismo, la comisión tendrá
120 días para expresar mediante un informe final las conclusiones a las que
arribe.
Al respecto, Fernando Muñoz afirmó “Dada la
gravedad de esta situación, impulsamos la creación inmediata de una Comisión
Investigadora independiente que, en el marco del artículo 83 de la Constitución
de la Ciudad, avance en la clarificación de los responsables de esta tragedia”.
"Desde el día del incendio hasta ahora, Mauricio Macri guarda un silencio
cómplice, claramente no quiere perjudicar sus intereses ni el de los grupos
económicos que defiende".
“Detrás de esta tragedia, en la que
perdieron la vida 10 personas, entre bomberos y socorristas, hubo un acuerdo
entre la empresa y sus clientes para eliminar documentos, incluso, la Unidad de
Información Financiera anunció el 9 de marzo pasado que presentaría documentos
ante la Justicia que buscarían sustentar esta hipótesis” “Además, la
Procuraduría Contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Procelac)
reveló que entre los archivos hallados en el depósito hay documentos de 29 de
43 empresas con investigaciones en curso por criminalidad económica, y aseguró
que el más comprometido es el HSBC, banco en el cual ocuparon cargos
jerárquicos el actual Ministro de Desarrollo Económico porteño, Francisco
Cabrera, y el subsecretario de Inversiones de la misma cartera, Carlos
Pirovano”.
"La empresa Sideco, del Grupo Macri,
también guardaba documentos en el depósito incendiado de Iron Mountain. Por
suerte, la PROCELAC investigó, se ocupó y trasladó todas las pruebas que recabó
a la Justicia. Digo por suerte, porque si no, si fuera por los organismos de la
ciudad, nunca hubiésemos sabido que Sideco guarda cajas con el rótulo
COIMAS".
"El juez Marijuan tiene ahora la causa
y la responsabilidad de allanar el otro depósito, el de la Boca, para que todos
sepamos el contenido de esa caja. Iron Mountain contrata con sus clientes,
firma un convenio de confidencialidad, entrega cajas de cartón para que guarden
la documentación y solicita que a cada caja se las identifique con un rótulo.
Algunas empresas rotulan de manera brutal; la impunidad se encarga del
resto".
A continuación el proyecto de resolución:
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
Artículo 1º.- Creación. Créase
en el ámbito del Poder Legislativo, en los términos del artículo 83, inciso 2º,
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Comisión
Investigadora de los hechos relativos al incendio producido el día 5 de febrero
de 2014, en las instalaciones de la empresa Iron Mountain, ubicada en Azara
1245, que motivó la causa judicial tramitada en el juzgado nacional de
instrucción en lo criminal del Dr. Pablo Ormaechea y asimismo la investigación
de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y
la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Artículo 2º.- Objeto.
a- Investigar el
accionar de la Agencia Gubernamental de Control y la Subsecretaría de Trabajo
de la Ciudad respecto del otorgamiento de la habilitación.
b- Establecer si hubo
procedimiento administrativo sobre la pérdida de documentación relativa a la
habilitación y la reconstrucción del expediente.
c- Examinar sobre las
condiciones de seguridad del personal y los vecinos del depósito.
d- Conocer las razones
de su inclusión en la Ley de Promoción de las Empresas de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones en la Ciudad de Buenos Aires.
e- Investigar si había
documentación del gobierno de la ciudad en el depósito de referencia, atendiendo
que a dicha empresa le fue adjudicada la licitación para digitalizar el archivo
de la Dirección General de la Mesa de Entradas del Gobierno de la Ciudad.
f- Saber si el
Ministerio de Desarrollo Económico estaba en conocimiento de la documentación
que dicha empresa guarda, relativa a la empresa Sideco Argentina S.A. y HSBC.
Artículo 3°.- Facultades. La Comisión
Investigadora tiene amplias facultades entre ellas:
a) Citar a los
responsables de Defensa Civil, Policía Metropolitana, Desarrollo Económico,
Agencia Gubernamental de Control y todo funcionario directa o indirectamente
vinculado a los hechos acaecidos el 5 de febrero de 2014.
b) Solicitar copias de
expedientes vinculados al objeto de la investigación.
c) Requerir al Poder
Ejecutivo de la Ciudad, organismos del Estado nacional y gobiernos provinciales
que fueran pertinentes, así como a Iron Mountain y las empresas o particulares
con archivos en el depósito toda la información y documentación necesaria para
la investigación.
d) Recibir denuncias y
pruebas sobre los hechos que son objeto de la investigación.
e) Requerir y recibir
declaraciones testimoniales.
f) Convocar testigos,
realizar interrogatorios, requerir informes.
g) Solicitar copias
autenticadas de la totalidad de la documentación administrativa del
Gobierno de la Ciudad que tenga relación con el objeto de la investigación.
h) Analizar las
actuaciones de los funcionarios políticos y emitir un informe sobre cada uno de
los hechos.
i) Efectuar las
denuncias penales que estime pertinentes como consecuencia de la investigación,
aportando los elementos de prueba recopilados.
j) Tomar vista del
expediente de la causa judicial a efectos de conocer sobre los hechos y
actos allí ventilados y de los eventuales hechos conexos relacionados con la
materia propia de la Comisión y que pudieren ser pasibles de reproche a la luz
de las normas que regulan el funcionamiento institucional de la Ciudad.
k) Realizar otras
diligencias que aporten a la investigación.
Artículo 4º.-
Integración - La Comisión estará integrada por 17 (diecisiete) diputados/as que
serán elegidos/as de la siguiente forma: 16 (dieciséis) integrantes que
representarán a cada uno de los bloques y un (1) integrante que corresponderá
al Presidente de la Junta de Ética. La Comisión elegirá de su seno un
Presidente, un Vicepresidente y un Secretario dentro de los 10 (diez) días de
su constitución.
Artículo 5°.- Plazo.- La Comisión tendrá
ciento veinte días (120) como plazo máximo para realizar el informe
final.
Artículo 6º.- Recursos.- La
Vicepresidencia 1º deberá realizar las adecuaciones de recursos físicos y
presupuestarios necesarios para el funcionamiento de la Comisión.
Artículo 7º.- Informe
Final.- La Comisión expresará mediante un informe final las conclusiones a las que
arribe mediante el dictado de recomendaciones, informándole las conclusiones al
Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo.
Artículo 8º.- Comuníquese, etc.
FUNDAMENTOS
Sra. Presidenta:
Es de conocimiento público el último informe relativo
al peritaje de la Policía Federal, en relación al siniestro ocurrido el 5 de
febrero de 2014, donde hubo diez víctimas fatales, entre bomberos y rescatistas
de Defensa Civil. Del mismo se desprende que el fuego fue provocado de forma
intencional y sin dudas se logró el objetivo que se buscaba, ya que ha sido uno
de los siniestros que se prolongó en mayor cantidad de tiempo hasta su
extinción total.
Además de la fiscalía y juzgado intervinientes, la
Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) inició
una investigación en forma conjunta con la Comisión Nacional de Valores (CNV),
con el objeto de saber si el incendio intencional del 5 de febrero de 2014 tuvo
que ver con “ilícitos relacionados con la criminalidad económica”.
Simultáneamente, el único pronunciamiento claro del
Poder Ejecutivo local es la resolución 124, que ordena la reconstrucción del
expediente de habilitación del depósito de Iron Mountain, dado que el mismo
había desaparecido.
De acuerdo a versiones periodísticas,
la desaparición de expedientes es una práctica “habitual” en la Agencia
Gubernamental de Control, lo que pone en riesgo cualquier seguimiento de
infracciones más o menos graves ocurridas en cualquier tipo de actividad
económica dentro de la ciudad de Buenos Aires.
Sumada a esta situación, los vínculos del Ministerio
de Desarrollo Económico y del propio jefe de Gobierno de la ciudad, con
empresas que fueron afectadas directamente por el incendio intencional, al
menos deberían ser pasibles de la mejor información para desvincular
absolutamente al gobierno de la Ciudad de los hechos acaecidos el 5 de febrero
de 2014.
Por estas razones, pedimos la formación de una
comisión investigadora y la aprobación del presente proyecto de resolución.