Guillermo Montenegro gastó de “urgencia”
41 millones de pesos en seguridad privada
Entre octubre de 2014 y enero de 2015, el
Ministerio de Seguridad y Justicia, encabezado por Guillermo Montenegro, gastó
mediante un sistema reservado para casos de “urgencia” e “imprescindible
necesidad”, 41 millones de pesos en seguridad privada. Dos de las empresas
contratadas fueron denunciadas en 2009 por la Sindicatura General porteña.
El Legislador porteño del Frente
Progresista y Popular, Fernando Muñoz, realizó un estudio de las contrataciones
realizadas mediante los decretos 556 y 752/10 entre octubre de 2014 y enero de
2015. De ese estudio se desprende que, a pesar de contar con la Policía
Metropolitana, el Ministerio de Seguridad y Justicia utilizó 48 veces ese
mecanismo de contratación por el monto de $41.216.981.
Cabe destacar que, el sistema de
contratación previsto en los decretos 556 y 752/10, junto con las
“contrataciones directas”, son contrataciones sin licitación. En esos casos, el
Estado opta discrecionalmente por una empresa, sin que exista ningún mecanismo
previo de control. Según la normativa, estas contrataciones deben estar
debidamente fundamentadas y se deben utilizar excepcionalmente. Sin embargo, el
macrismo distorsionó el objetivo original y utiliza este sistema para cancelar
gastos corrientes y contratar empresas que no podrían ganar una licitación. “El
macrismo utiliza constantemente este sistema de contratación, de forma
discrecional y exagerada, casi ninguno de los pagos que sacan por esta vía
responde a una urgencia concreta o a un caso imprevisible”.
El abuso de este sistema de contratación
comenzó en 2010, cuando Mauricio Macri firmó dos modificaciones sustanciales.
En primer lugar, el Jefe de Gobierno subió el tope de pago “a sola firma” a 2
millones de pesos, primero, y a 4 millones de pesos después. Además, habilitó a
contratar sin límite cuando el pedido de pago venga con la firma del Ministro
de Hacienda. A partir de estas modificaciones, inéditas en Argentina, la Ciudad
de Buenos Aires se convirtió en la jurisdicción con mayor cantidad de
contrataciones de urgencia del país. “Esta política, que sólo se justificaría
ante una cadena de eventos imprevisibles –que no sucedieron- se explica a
través de la impunidad que le garantiza al macrismo contar con contrataciones
exprés sin control”, dijo Muñoz.
Para llevar a cabo las tareas de seguridad
contratadas, el Ministerio de Seguridad y Justicia contrató a 9 empresas, dos
de las cuales - Murata SA y Briefing Securuty-fueron denunciadas en 2009 por
incurrir en “graves irregularidades”. En ese momento, la Sindicatura general porteña
informó que ambas firmas –que debían custodiar el Instituto de la Vivienda-
facturaron por "objetivos que figuran como custodiados, cuando por la
propia naturaleza de los mismos resulta inverosímil que lo hayan sido".
También detalló que "se han autorizado, facturado y abonado servicios de
seguridad sin la indispensable compulsa con las prestaciones efectivamente
realizadas”. Esto fue posible ya que, según la Sindicatura, "prácticamente
no ha existido un control respecto a la concordancia de aquella con los
servicios supuestamente prestados".
Entre los lugares que debían custodiar las
empresas contratadas, figuran el Teatro Colón, el Instituto de la Vivienda,
SBASE y las sedes de los Ministerios. “La semana pasada, 25 hospitales públicos
porteños hicieron un paro de actividades en reclamo de seguridad. La medida de
fuerza se originó luego de que dos jóvenes alcoholizados ingresaran en la
guardia del Hospital Rivadavia y amenazaran a médicos y enfermeros con jeringas
usadas, en ese mismo lugar, hace un año, violaron a una paciente” afirmó Muñoz
y agregó “el Ministerio de Seguridad tiene las herramientas administrativas
para contratar 200 efectivos de seguridad que custodien todos los hospitales
públicos, pero decide no hacerlo, de los 41 millones de pesos en contrataciones
de urgencia, el Ministro Montenegro no destinó un solo peso a reforzar la
seguridad en los hospitales públicos”.