“El
informe a la CIDH será contundente”
Más de 3000 personas debatieron en las
sedes de distintas universidades, centros culturales y sindicatos
simultáneamente y en 11 foros temáticos los retrocesos en materia de Derechos
Humanos en el país durante el último año y medio. A partir del debate, fuertemente
participativo y que contó con especialistas y referentes en las distintas
áreas, se elaborará un documento para presentar ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) que visitará el país entre el 22 y el 26 de mayo. El
próximo 9 de mayo continuarán las reuniones en la Asociación de Trabajadores
del Estado (ATE) para planificar acciones para darle continuidad a los
encuentros, unificar las conclusiones de cada una de las áreas y
sistematizarlas en un documento final. El reclamo por la libertad de Milagro
Sala y el fin de la criminalización de la protesta estuvieron presentes en
todos los debates. Además se replicó la propuesta en Mendoza y Cordoba y se
reproducirá en otras provincias.
“A pesar que el contexto es diferente, que
Macri llegó al poder por medio de elecciones, otra vez los sectores populares
sufren el avasallamiento de sus derechos. Hoy, como en las peores épocas de
nuestra historia, la foto se repite. Ante la falta de respuestas a nivel local,
tenemos que hacer las denuncias ante organismos internacionales”, expresó
Alejandro “Coco” Garfagnini, referente de la Tupac Amaru. Y agregó: “Sólo el
viernes, mientras hacíamos la apertura del encuentro, en Jujuy fueron a allanar
la casa del rector de la Universidad de Jujuy que denunció a Gerardo Morales
por la violación de la Ley de Educación Superior cuando la policía entro a la
Facultad de Ciencias Agrarias y se llevó ilegalmente detenidos a dos
estudiantes que fueron golpeados en la comisaría; en Mendoza, como en la
dictadura, intervinieron el sindicato de Trabajadores Judiciales, y le dieron
la domiciliaria al represor Migue Etchecolatz”.
“Nunca creí en el Poder Judicial. El Poder
Judicial se ha encargado de fabricar una serie de mitos que hay que deconstruir
y desconfigurar para empezar a pensar soluciones”, propuso el abogado y
profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires Julio Maier, uno de los
participantes del foro sobre “El uso del Poder Judicial como Instrumento de
Persecución”. Sentados en ronda, unas cuarenta personas participaron del
encuentro, en el que se discutió sobre la persecución a Milagro Sala, Cristina
Fernández de Kirchner y Alejandra Gils Carbó, las causas armadas, el espionaje
ilegal y la persecución a militantes. En esta línea, Elizabeth Gómez Alcorta,
militante política y abogada de Milagro Sala, planteó la necesidad de poner en
agenda la discusión sobre la Justicia Contravencional, que tiene en sus manos
“el control social de la militancia en los barrios”. “Es una persecución
invisible y más potente”, agregó.
En el foro, moderado por el abogado
especializado en delitos de lesa humanidad Eduardo Tavani y el abogado y ex
jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, también participaron el periodista y
titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky; la
presidenta de Justicia Legítima y titular de la Cámara de Casación Penal, María
Laura Garrigós de Rébori; el ex juez de Cámara Penal y ex titular de la Oficina
Anticorrupción José Massoni y el periodista Víctor Hugo Morales, entre otros.
Daniel Catalano, secretario General de ATE
Capital, fue uno de los expositores del foro sobre “Retrocesos en el Mundo del
Trabajo y Persecución Sindical”. “Este Gobierno persigue a los trabajadores por
su identidad política, despidió a más de 15 mil trabajadoras y trabajadores y a
la vez creó miles de cargos jerárquicos en el Estado para repartir a sus
militantes, con sueldos siderales. No piensa en generar empleo o en resolver la
pobreza, está pensando en ajustar, aumentar el desempleo para bajar los
salarios y en impedir que podamos pelear contra ese ajuste. Pero estamos
trabajando en más unidad y más organización para no perder más derechos. Cuando
vengan los organismos internacionales nos van a encontrar en la calle,
movilizados contra los despidos y por la libertad de los presos políticos”,
aseguró. Trabajadores y dirigentes gremiales de distintos sectores relataron
diferentes hechos de persecución y represión que tienen como objetivo destruir
la organización sindical y criminalizar la protesta social. Además se dio
cuenta de la destrucción del empleo y la pérdida del poder adquisitivo de los
trabajadores. Coordinada por Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA y
Pablo Lucione, de SITRAJU CABA, también participaron la economista Mercedes
Marcó del Pont; Pedro Wasiejko, secretario Adjunto de la CTA; Vanesa Siley,
secretaria General de SITRAJU CABA, Gabriel Navarrete del Sindicato de Curtidores
y cientos de trabajadores. También se escuchó la voz de Ana Cubilla, secretaria
General del Sindicato Unico Obrero Rurales Misiones que denunció el retorno de
los bonos y el pago de salarios inferiores al mínimo, vital y móvil.
“El derecho a la comunicación y a la
información es un derecho humano que está siendo afectado gravemente en la
Argentina”. Asi comenzó su exposición en el foro sobre “Medios de comunicación
y cerco informativo” Cynthia García, periodista despedida por razones políticas
de los medios públicos y privados donde se desempeñaba hasta diciembre de 2015.
García también relató la persecución y criminalización que sufre por parte del
titular del sistema de medios públicos Hernán Lombardi. “Tu sueldo es inmoral
dijo Lombardi. Lo que en realidad estaba diciendo es que mi pensamiento era
inmoral para él y ese relato que pretende instalar”, aseguró. La periodista
además contó cómo en agosto se 2016 desconocidos entraron a su vivienda
robándole sus herramientas de trabajo y dejando un mensaje mafioso y cómo la
justicia desoyó la denuncia de que no se había tratado de un hecho de
inseguridad. En el debate, Sandra Russo habló de la falta de trabajo y las
listas negras que hay en el país: “Es doloroso pero las listas negras y la
censura la ejercen también algunos
espacios que consideramos propios”. También participó del debate Gabriel
Mariotto, uno de los forjadores de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual que expuso sobre el panorama político de la escalada represiva y
habló de la necesidad de, en un futuro, reformar la Constitución Nacional para
superar las deficiencias institucionales. “El día que volvamos no nos podemos
equivocar porque la tragedia del error es esto que estamos viviendo” dijo.
Mara Brawer, una de las coordinadoras del Comité
por la Libertad de Milagro Sala, participó del foro sobre “Retrocesos en las
políticas de género y diversidad”. “Está claro que este Estado se achica, se
retrae y genera cada vez más desigualdad. A medida que se cierran o reducen
políticas públicas, la vulnerabilidad de las mujeres aumenta.
Las mujeres rechazamos las soluciones
punitivistas. La represión siempre cae sobre los sectores más vulnerables. Lo
que exigimos es mayor presencia del Estado en la prevención estructural, no con
slogans ni sicologismos”, expresó la secretaria de la Mujer del PJ Capital.
También estuvieron la historiadora Dora Barrancos; la diputada del Parlasur,
Fernanda Gil Lozano; la legisladora Andrea Conde; Iliana Arduino; María Pía
López del colectivo Ni Una Menos y la diputada provincial Lucia Portos.
Los retrocesos en materia de seguridad, la
baja de imputabilidad, la reforma de la Ley de Ejecución penal, el protocolo
contra la protesta social, las condiciones del servicio penitenciario argentino
y el incremento de los abusos policiales hacia jovenes y niños de los barrios
populares fueron algunos de los ejes que se abordaron en el foro sobre
“Violencia Institucional y Escalada Represiva”. Allí Ivan Wrobel, secretario de
Derechos Humanos de ATE Capital sintetizó: “Se hizo hincapié en la agudización
de la violencia legitimada y construida no solo por las fuerzas de seguridad,
sino con el respaldo y el aval del gobierno nacional, del Poder Judicial y los
medios masivos de comunicación. Se conversó sobre la importancia de la organización
popular y sobre la necesidad de construir un frente unitario para ponerle un
freno al incremento de la violencia. Por último se entregaron informes para
poder adjuntar al informe que se presentará ante la CIDH junto con los relatos
de cada intervención”. Participaron en las discusiones la diputada nacional,
Nilda Garre; Gabriel Lerner, del Observatorio de Violencia de Derechos de la
Infancia; José Machain y Eva Asprella, del CELS.
Ademas, durante la jornada se debatió en
distintas sedes sobre “Derechos Humanos y Crímenes de Lesa Humanidad”,
“Situación de las Organizaciones Populares”, “Ajuste en el Sistema de Salud y
Seguridad Social”, “El Asedio a la Educación y a la Producción de
Conocimiento”, “Política Internacional y Contexto Regional” y “Cultura”.
Fuente: Espacio Popular