➽ ENTREGARON
A LA CIDH UN DURO DOCUMENTO SOBRE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN LA
ARGENTINA
Un fuerte informe que advierte sobre los
retrocesos en materia de Derechos Humanos que fue elaborado por más de cien
organizaciones que participaron del Foro por la Libertad y la Democracia que se
realizó en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza el pasado 26 y 27 de abril, fue
entregado esta tarde a Francisco Eguiguren, Relator para la República Argentina
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lo hicieron en el
marco de un encuentro al que invitaron a organizaciones de la sociedad civil
sobre la situación en la Argentina que se desarrolló en el espacio de la Ex
Esma. El 23 de mayo, habrá una marcha al Hotel Sheraton, ubicado en Retiro, a
las 18 horas.
El documento abarca once temáticas
distintas vinculadas todas ellas a derechos reconocidos en el Pacto de San José
de Costa Rica y se formuló a partir de una fuerte participación ciudadana y
horizontal de cientos de argentinos que lo hicieron en representación de
organizaciones de la sociedad civil o de personas que individualmente han
participado de un rico debate ciudadano. La denuncia por la detención ilegal de
Milagro Sala y los otros presos políticos de la organización barrial Tupac
Amaru en Jujuy y Mendoza, el retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y
Justicia y el incremento de los casos de violencia policial fueron algunos de
los ejes principales que plantearon los referentes como de mayor preocupación.
Al inicio del documento, se plasmaron las
declaraciones de Estela de Carlotto, Taty Almeyda y Lita Boitano, realizadas en
la apertura del Foro en Buenos Aires y en las que lamentaron, después de tantos
años de lucha, tener que volver a hacer denuncias ante la CIDH. La denuncia
sobre la criminalización de la protesta y la profundización de las políticas
represivas fueron también algunos de los temas sobre los que alertaron. “Que
este modelo cierra con represión no es una consigna, es una realidad que el
macrismo y sus aliados ponen en acto y multiplican a diario”, indicaron.
Uno de los ejes centrales del escrito
presentado a la CIDH, gira en torno a la situación de Milagro Sala, cuya
detención arbitraria fue ratificada por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones
Arbitrarias de Naciones Unidas que concluyó este jueves su visita oficial a la
Argentina y ratificó la Opinión 31 según la cual el Estado Nacional debe
liberarla en forma inmediata. En la presentación ante Eguiguren, se denuncia
que el gobernador Gerardo Morales instauró en la provincia un estado policial y
que se constituyó en un laboratorio de ensayo que se expandió luego a otros puntos
del país, tal como sucedió en Mendoza con la detención de Nélida Rojas y otros
dirigentes de la Tupac Amaru. En ese marco indicaron que “el modelo represivo y
criminalizador de las organizaciones libres del pueblo viene avanzando
cotidianamente”.
Pero en el documento, si bien atravesó el
trabajo de las distintas comisiones, las denuncias sobre la vulneración de los
derechos de la diputada del Parlasur y sus compañeros de militancia, no fue la
única. “La creciente violencia institucional debe leerse en correlación con el
debilitamiento de la institucionalidad democrática. Esta realidad se construye
desde la pérdida de derechos cotidianos para las mayorías populares”,
aseguraron.
El incumplimiento de las recomendaciones
realizadas por la Relatoría sobre los Derechos de las Personas privadas de su
libertad que la CIDH realizó al gobierno nacional en septiembre de 2016, el
agravamiento de la crisis penitenciaria, el incremento de la violencia policial
avalada por el Poder Judicial, la represión policíal desmedida en barrios
humildes, el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del estado en
manifestaciones públicas, la desobediencia de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación a una orden de la CIDH, las detenciones ilegítimas en el Paro Internacional
de Mujeres, la represión policial a docentes que reclamaban de forma pacífica,
la represión y detenciones ilegítimas en la Facultad de Ciencias Agrarias de
Jujuy son sólo algunos de los casos tratados en el apartado sobre el incremento
de la violencia institucional en el país.
Otro de los ejes centrales del documento
fue el retroceso en materia de Derechos Humanos. “En la actualidad, nuestro
país está atravesando una profunda crisis en materia de derechos humanos, que
parece no tener fin. Desde la asunción del presidente Macri, las tres esferas
de poder del Estado -Ejecutiva, Legislativa y Judicial-, no cesan la toma de
decisiones institucionales regresivas, que tiran por la borda derechos y
reivindicaciones que han costado años de lucha a nuestro pueblo, siendo
reconocidas estas luchas a nivel internacional”, reclamaron antes de enumerar
los desmantelamientos de las áreas vinculadas con la materia en los distintos
Ministerios, las designaciones de autoridades vinculadas con responsables de
crímenes de lesa humanidad y las declaraciones de funcionarios nacionales
reivindicando o negando los hechos ocurridos durante la dictadura cívico
militar que tuvo lugar entre 1976 y 1983.
En el capítulo sobre la utilización del
Poder Judicial como instrumento de persecución se hizo eje en las causas
armadas contra referentes políticos, sociales, gremiales, espionaje y escuchas
ilegales, detenciones arbitrarias, denuncias infundadas e investigaciones
direccionadas por los medios; la influencia de los medios sobre magistrados y
funcionarios, y la embestida gubernamental contra magistrados y funcionarios no
alineados con el gobierno de turno.
El documento, de más de 300 páginas,
contiene además denuncias en materia de los retrocesos en el mundo del trabajo,
la persecución sindical y la criminalización de la protesta, del ajuste en el
sistema de salud y la seguridad social, el asedio a la educación y a la
producción de conocimiento, los retrocesos en las políticas de género y
diversidad, cultura, medios de comunicación y cerco mediático y en relación a
la política internacional y el contexto internacional.
Los referentes del Foro por la Libertad y
la Democracia indicaron que “si bien en esta visita la CIDH no analizará la
situación argentina, si lo hará en julio. En este sentido el aporte de este
documento que presentamos es muy importante porque se hizo de abajo hacia
arriba y refleja casos concretos de violencia estatal. La CIDH tiene varios
casos de argentina sometidos a examen, uno de ellos es el de la detención arbitraria
de Milagro Sala y todos ellos están enmarcados dentro de lo que muestra el
informe, que es una profundización de la violación a los derechos humanos desde
que asumió Macri. Esperamos que las exigencias y recomendaciones de la CIDH le
ponga freno a una escalada represiva en nuestra sociedad”. ▓