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El país asiste en estos días a la denuncia
pública por parte de Jueces que conforman el Poder Judicial de la Provincia de
Buenos Aires, quienes expresan haber sido amenazados y presionados con motivo
de casos en los que tienen que pronunciarse. La situación adquiere una
dimensión mayor, en tanto estos jueces sostienen que esas presiones –a partir
de filtraciones de los contenidos de las causas-, provienen de medios de comunicación
de gran difusión, periodistas que cuentan con enorme audiencia, y de la más alta
autoridad de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires.
Este funcionario ha respondido a las
denuncias realizadas, con la determinación de someter a jury de enjuiciamiento
a los magistrados denunciantes.
El cuadro descripto muestra un profundo
resquebrajamiento del Estado de Derecho, y un total desprecio por el principio
republicano de separación de poderes e independencia del Poder Judicial. La
eventual disconformidad con el contenido de los fallos debe canalizarse a
través de los recursos que la ley prevé a esos fines, pero en ningún caso puede
dar pie a cuestionamientos a los magistrados que los emiten.
Por otro lado, no resulta admisible que el
funcionario acusado concretamente de ejercer esas presiones indebidas sobre los
jueces, sea quien lleve adelante el proceso de jury contra los jueces que le
efectúan tal imputación.
Resulta extremadamente grave la
naturalización de este estado de cosas, que se suma a la utilización abusiva y
contraria a derecho del mecanismo de la prisión preventiva, la difusión pública
de procedimientos de detención en condiciones humillantes, en particular a
opositores políticos, la instalación desde el Poder Ejecutivo de doctrinas que
consagran la impunidad para el obrar de las fuerzas de seguridad en cualquier
caso (“Chocobar”), entre otras prácticas que ponen en jaque el Estado de
Derecho.
Justicia Legitima, como organización
apartidaria comprometida con el sistema democrático y el Estado de Derecho como
únicas garantías para la vida, la libertad y los bienes de los ciudadanos,
repudia tajantemente estos intentos de someter a presiones y amenazas a quienes
integran las estructuras del Servicio Público de Administración de Justicia, y
exhorta a las distintas instituciones del país a pronunciarse y ejercer los
resortes constitucionales a fin de impedir tales acciones.