Amnistía internacional alertó sobre los anuncios de seguridad
en detrimento de los derechos humanos
Amnistía Internacional manifestó profunda preocupación con
relación a los últimos anuncios sobre la política de seguridad que compromete
la responsabilidad del Estado argentino.
El mantenimiento del orden y la seguridad no se contrapone
con los derechos humanos, por el contrario, su respeto y protección es una de
las dimensiones que mejor describe un Estado de Derecho.
Armas tipo Taser
Amnistía Internacional hace años investiga el uso de armas
de electrochoque (como las Taser) y destaca dos preocupaciones principales en
materia de derechos humanos, que han sido compartidas por otros organismos
internacionales, como el Comité contra la Tortura de la ONU.
En primer lugar, se subestiman los riesgos relacionados con
la salud y la vida de las personas expuestas al uso de estas armas. En segundo
lugar, las armas de electrochoque presentan un alto riesgo de que se utilicen
de manera inapropiada y excesiva (incluyendo malos tratos y torturas) debido a
que no dejan rastros visibles de lesiones o sufrimiento en la persona.
“Esto último es bien relevante. El punto es cómo el gobierno
puede garantizar que las fuerzas de seguridad hayan sido capacitadas y estén
preparadas continuamente para que no ocurran usos incorrectos”, señaló Mariela
Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Baja de edad de imputabilidad
En el marco de estos anuncios, preocupa también a la
organización la propuesta de bajar la edad de imputabilidad. Desde hace años
Argentina ha sido interpelada por los organismos internacionales de derechos
humanos a aprobar un sistema de justicia penal juvenil que brinde garantías a
los jóvenes en conflicto con la ley penal.
"Pero esta necesaria reforma no puede hacerse de
cualquier modo. El propio Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en sus
Observaciones a Argentina de junio de 2018, hizo hincapié en que la ley penal
juvenil no debe incluir disposiciones que puedan endurecer las penas o reducir
la edad de responsabilidad penal", afirmó Mariela Belski.
En este sentido y atendiendo estas recomendaciones, llama la
atención la propuesta de baja de edad de imputabilidad presentada, ya que
representa un retroceso contrario a los principios internacionales de derechos
humanos.
Asociación de la migración con la criminalidad
Preocupan además los anuncios del gobierno que, basados en
estadísticas tergiversadas, insisten en abordar a la migración desde un
paradigma de seguridad y punitivo.
A diferencia de lo anunciado a los medios, la totalidad de
personas extranjeras detenidas en Argentina no es de un 20% sino que es de
cerca del 6%, cifra que no se ha incrementado en los últimos años. El gobierno
debe promover la regularización y la garantía de los derechos de las personas
migrantes, en el marco de las políticas sociales y desde un enfoque de derechos
humanos.
Amnistía Internacional considera imperioso que el gobierno
respete los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de
seguridad, escenario en donde en muchos casos se trata de la vida y la libertad
de las personas, especialmente de las poblaciones más vulnerables.